Justo cuando la expansión de nuevos centros de datos se enfrenta a una oposición cada vez mayor por parte de las comunidades vecinas, está a punto de producirse un cambio decisivo. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA), la autoridad nacional encargada de velar por la salud humana y el medio ambiente, se ha propuesto dificultar que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre la contaminación que generan estos centros.
Una medida pendiente de la EPA podría cambiar las reglas del juego. La agencia está considerando eliminar una norma federal fundamental que establece la necesidad de notificar públicamente y abrir un plazo de comentarios cuando determinadas instalaciones industriales, como los centros de datos, soliciten un permiso de emisión atmosférica. Este permiso de emisión atmosférica establece, en esencia, los límites aceptables de contaminantes que un centro de datos u otras instalaciones industriales pueden emitir legalmente a la atmósfera.
En esencia, esta normativa fundamental ha proporcionado hasta ahora a las comunidades una plataforma para expresar sus opiniones y preocupaciones sobre el posible impacto de la instalación de centros de datos. Los defensores de la normativa sostienen que eliminar este requisito de consulta pública otorgaría a las empresas industriales total libertad para seguir adelante con sus planes de construcción sin tener en cuenta la opinión local, ni siquiera avisar con antelación a los residentes locales sobre los próximos proyectos de construcción.
Es comprensible que estas preocupaciones encuentren un gran eco en un Gobierno comprometido con agilizar el proceso de obtención de los permisos necesarios y reducir lo que, según ellos, son trabas administrativas innecesarias. Sin embargo, el coste de dicha agilización conlleva el riesgo de socavar el proceso democrático, dejando a los residentes desinformados e impotentes ante los inminentes proyectos industriales.
Se trata de un problema cada vez más grave, sobre todo teniendo en cuenta la creciente proliferación de centros de datos en todo el país y en todo el mundo. Al fin y al cabo, los centros de datos son la columna vertebral del mundo digital: almacenan, procesan y distribuyen enormes cantidades de datos que, en nuestro mundo cada vez más conectado, no harán más que aumentar. Sin embargo, estas necesidades de datos tienen un coste medioambiental. La climatización a escala industrial necesaria para mantener unas condiciones de funcionamiento óptimas en estos centros de datos, por ejemplo, contribuye de manera significativa a las emisiones de carbono, la contaminación atmosférica y el calentamiento global.
Las comunidades que viven en las inmediaciones de estas nuevas instalaciones de centros de datos tienen, por naturaleza, derecho a expresar sus preocupaciones sobre los posibles impactos en su entorno local y en la salud pública. Un cambio hacia un proceso de concesión de permisos menos transparente podría alimentar la desconfianza y agravar los conflictos entre las partes interesadas del sector y los residentes locales. Por lo tanto, será fundamental observar cómo se gestiona este cambio propuesto y los efectos a largo plazo que podría tener en el futuro desarrollo de los centros de datos.
Para obtener más información sobre este proyecto, Visita el artículo original en The Verge.
